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Caixa Catalunya y Banco Pastor, los últimos en comerse inmobiliarias

Caixa Catalunya y Banco Pastor, los últimos en comerse inmobiliarias
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El presidente del Banco Pastor, José María Arias (Efe). El último en ponerse colorado ha sido el Banco Pastor. La entidad gallega reconoció ayer la compra de la inmobiliaria Grupo Vilamar, de la que ya controlaba un 32%. Otra adquisición necesaria como mal menor, ante la complicada situación provocada por la actual crisis de liquidez y la restricción al crédito existente, según explicaron a la agencia Europa Press fuentes próximas la compañía sevillana.



Presente en Vilamar desde 2003, con esta decisión Banco Pastor asumirá como propia la deuda acumulada por la inmobiliaria especializada en el desarrollo de ciudades empresariales en Andalucía, que hasta el momento había invertido entre 400 y 500 millones de euros en los parques empresariales Royal Parque Empresarial y Torneo Parque Empresarial, este ultimo considerado el mayor de España de iniciativa privada.



Como ha ocurrido en otros casos, la familia Vilaplana se dirigió a su socio financiero, con el que comenzó hace 5 años, para ofrecerle la posibilidad de adquirir su participación en el grupo. Una invitación para quedarse con un negocio de posibilidades a largo plazo al que las estrecheces de la actual coyuntura ahogaban financieramente al empresario sevillano Javier Vilaplana.



Por una cantidad similar, otros 400 millones de euros, este fin de semana trascendió la decisión de Caixa Cataluña de quedarse con el 50% que aún no controlaba de la promotora murciana Armilar, una operación por la que la caja catalana ha convertido los cerca de 400 millones de euros de créditos acumulados en capital de la inmobiliaria, según explicaron a Efe fuentes del sector.



El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha obligado a Caixa Catalunya, como a otras entidades financieras que participaban en el capital de las inmobiliarias, a tomar el control de la sociedad para garantizar la continuidad de la promotora a medio/largo plazo. A través de su brazo inmobiliario Procam, la relación de la caja con Armilar, vinculada al promotor Manuel Martín López, se remontaba a 1998.



La primera entidad en hacer frente a este tipo de soluciones fue Banesto, con la creación de una sociedad ad hoc para comercializar activos entregados por Reyal-Urbis por valor de 400 millones de euros. Algo similar ha tenido que asumir la también gallega Caixa Galicia tras la suspensión de pagos de la inmobiliaria vasca Urazca, que se ha quedado con una promoción de 500 pisos como cobro amistoso de los créditos pendientes.



Sin embargo, el volumen más cuantioso dedicado a estas urgencias lo ha empleado el Santander. La entidad presidida por Emilio Botín reconoció en la reciente presentación de resultados del tercer trimestre que ha destinado 2.700 millones para proteger mejor activos crediticios inmobiliarios. Otros más modestos, como Caixa Penedés, han creado un vehículo de 200 millones para salvar a promotores en apuros.



Estas decisiones han hecho que, en su mayoría, las entidades hayan sustraído recursos de la partida de beneficios para destinarlos al rescate del ladrillo. Con estas actuaciones, los bancos y cajas hayan conseguido que sus ratios de morosidad no incrementen como habría ocurrido si hubieran dejado caer a las inmobiliarias donde tenían exposición vía capital o financiación. Los balances, poco a poco, van cubriéndose de ladrillos.